El ejecutivo italiano ha advertido al español de que calcule muy bien sus cartas. Berlusconi, el propietario de Telecinco y actual gestor de Enel, sabe que tiene la sartén por el mango.
Así que el gobierno español ha tenido que comerse sus propias palabras, diciendo que no iban dirigidas hacia los políticos italianos, sino a las multitudes hartas que se han lanzado a quemar los campamentos gitanos.
No podía faltar aquí el episcopado, que se ha apresurado a condenar la justicia popular, conminando al diálogo entre las partes.
Los obispos deberían de ser más específicos, concretando las formas. ¿Quizá entre el "patriarca" de los gitanos y el alcalde de Nápoles? Éste podría decirles algo así como "Caballeros gitanos, excelencias, serían tan amables de colocar sus estilizadas casetas de plástico, latas y uralita en un lugar con permiso de acampada?".
¿Pero qué está sucediendo en Nápoles? Lo mismo que en Madrid respecto a la Cañada Real, lo que pasa es que en Madrid sólo hay una Cañada Real, y en Nápoles hay localizadas más de una docena de asentamientos de gitanos que han decidido que se quedan allí donde les apetece. Ellos desconocen cualquier tipo de leyes respecto a acampadas legales, ilegales, fronteras, países o nacionalidades. Simplemente señalan con el dedo donde quieren quedarse, que después ya vendrán los demócratas de turno a condenar la reacción popular.
¿Y por qué ha intervenido la gente a patadas y fuego contra quienes se ponen el mundo por montera como si no exisitiesen ni dueños de las fincas, ni leyes de higiene pública, ni normas mínimas de convivencia? Porque, mientras hicieron cuanto les dio la gana, ni los políticos, ni los obispos se escandalizaron por su absoluto ninguneo de la ley.
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