Se ha detectado en San Fernando de Henares (Madrid) un grupo de 60 rumanos gitanos, procedentes de Italia. Más de medio millón de rumanos, según los últimos datos oficiales, viven en España. Pues bien, según fuentes del Ministerio del Interior de ese país consultadas por ABC, en torno a un diez por ciento de ellos; es decir, unas cincuenta mil personas, tienen antecedentes policiales.
Aunque entre ellos hay un considerable número de criminales muy peligrosos, la mayor parte se dedica a la pequeña delincuencia, que sin ser grave es la que provoca en la población una sensación de inseguridad.
El Gobierno de ese país es perfectamente consciente del problema de seguridad ciudadana que supone para España la presencia de estos individuos y precisamente por ello colaboran «con la máxima intensidad» con nuestras Fuerzas de Seguridad, que a su vez reconocen el «esfuerzo e interés» de sus colegas para abordar el asunto. «Cada día esa colaboración es más eficaz -explican fuentes policiales españolas-. Hay un intercambio fluido de información, prácticamente en tiempo real, y la Policía rumana presta valioso apoyo y participa en las investigaciones contra los grupos mafiosos de su país que actúan aquí», tal como ya se ha visto en operaciones recientes, como la «Braila».
Facilidad de movimientos
Esa cooperación resulta aún más necesaria después de que el 1 de enero del pasado año Rumanía ingresara en la Unión Europea, lo que supone la libre circulación de sus ciudadanos por los países miembros y, por tanto, mayor facilidad de movimientos para los grupos criminales. El Gobierno rumano es consciente de ello y de la mala imagen que supone para su país la actuación de esas bandas fuera de sus fronteras, por lo que está volcado en ayudar a combatirlas.
Fuentes de la Embajada rumana en España añaden otros datos. Mientras que en 2006 un total de 28.839 de rumanos fueron detenidos en nuestro país, el año pasado esa cifra se rebajó hasta los 11.346 arrestos. La razón principal para explicar ese importante descenso es que tras la entrada en la UE, como es lógico, ya no se puede detener a un rumano por estancia ilegal en nuestro país.
Eso sí, todas los expertos consultados advierten de que el mantenimiento de la moratoria hasta finales de este año que impide a estos trabajadores y a los búlgaros acceder a un puesto de trabajo en España con la misma libertad que el resto de países miembros de la UE no hace más que acrecentar no sólo el empleo ilegal sino también, en no pocas ocasiones, la delincuencia.
Desde que, en 2000, comenzara el éxodo de rumanos a España -que, paulatinamente, ha ido creciendo hasta convertirse en comunidades como Madrid en la segunda nacionalidad tras los españoles-, se ha detectado que los principales delitos cometidos por esos ciudadanos son de seis tipos. El principal, el tráfico ilícito de personas y, como consecuencia de ello, la prostitución ilegal. Este «negocio» es el que, a corto plazo, resulta más boyante para las mafias. Además, en algunos casos va parejo a otro tipo de modalidades delictivas.
Las estafas bancarias a través de la clonación de tarjetas es otro de los grandes puntales de la criminalidad que viene de ese país. La Policía se ha visto obligada, incluso, a crear grupos operativos especiales para luchar contra uno de los delitos que más crece, sobre todo, en ciudades como Madrid.
Otro de los asuntos más visibles es la mendicidad, tanto infantil como de adultos, que deriva en delincuencia callejera, muy común, sobre todo, en las zonas céntricas de las ciudades. La especialización técnica de las mafias rumanas -con gran formación en este sentido- se concreta también en los asaltos a viviendas y los robos de vehículos. Finalmente, se han detectado numerosos golpes bajo el epígrafe robos con fuerza, como butrones en joyerías y otro tipo de comercios «apetitosos».
Investigaciones
El capítulo de cifras también resulta revelador: en 2007, la Policía investigó a 26 redes vinculadas al tráfico de personas y 18 especializadas en falsificaciones bancarias y tarjetas clonadas. Una de las operaciones más importantes tuvo lugar en Valencia, donde se imputó a 26 personas en una trama de falsificación de tarjetas de crédito. En esa comunidad y en la de Madrid también se detuvo a 37 gitanos rumanos procedentes de Tanderei (Rumanía) y dedicados a la pequeña delincuencia callejera.
Hasta septiembre de 2007, el 43% de los 11.346 rumanos detenidos en España se debían a delitos de estafas bancarias; el 13%, a robos en el interior de viviendas; el 8%, a la explotación laboral, y un 2% por delincuencia callejera y mendicidad.
A finales del año pasado, tal como informó ABC, se produjo un momento de preocupación a raíz de la decisión del Gobierno rumano de aprobar un decreto por el cual este país podía deportar a ciudadanos comunitarios por motivos de seguridad. Ese decreto fue consecuencia del asesinato de una mujer en Roma a manos de un rumano, lo que fue el detonante para que las autoridades del país desmantelaran numerosos campamentos de gitanos rumanos, que fueron expulsados.
Las Fuerzas de Seguridad españolas estuvieron muy pendientes de esos acontecimientos, ya que se temía que muchos de los expulsados por Italia viajaran a nuestro país. Las autoridades rumanas, una vez más, colaboraron al máximo en el seguimiento de estos individuos, si bien esa llegada masiva no se llegó a producir aunque sí se detectaron comunicaciones entre los deportados y residentes en España en las que éstos les invitaban a venir, «porque aquí no tendrían esos problemas».
San Fernando de Henares
La mayor parte de los expulsados viajaron a Austria, y a nuestro país apenas lo hicieron seis o siete. Sin embargo, en las últimas semanas esa realidad ha cambiado y se ha detectado en San Fernando de Henares (Madrid) un grupo de 60 rumanos gitanos, procedentes de Italia. La Policía, con la colaboración de sus colegas de Rumanía, ya trabaja sobre este asunto para evitar que este grupo se convierta en un foco de delincuencia. En cualquier caso, no se puede criminalizar al colectivo de inmigrantes rumanos, que en su gran mayoría viaja a España por motivos económicos. Un dato lo demuestra: el 3 por ciento del Producto Interior Bruto de ese país ha sido enviado desde España, Francia e Italia.
