Gerd Honsik, escritor austriaco, ha sido entregado a las autoridades de su país por el juez Garzón, porque, al parecer, negó en su día que los nacional-socialistas hubieran asesinado en los campos de concentración seis millones de judíos. Los titulares de prensa, tales como “España extradita a un negacionista”, chirrían con la libertad de expresión, que pasa por ser el principio básico que afirma proteger un régimen que ha subscrito la Declaración Universal de Derechos del Hombre.
¿Es que el campo de concentración es la nación española?
Aviados van los judíos sionistas (precisemos que no todos los judíos son sionistas) si pretenden apoyar su versión de la historia en el código penal. Lo único que ganan es la sospecha, el crecimiento oculto, pero imparable, del criterio contrario en las mentes, por el simple hecho de penalizar una opinión.
Un hecho enmarcado en la historia no puede ser tabú. Sólo un fenómeno religioso puede llegar a adquirir tal categoría y, por respeto a las conciencias, se suele evitar su cuestionamiento público. Aunque, en los tiempos que corren, la fe es objeto de mofa, especialmente si se trata de las creencias que han florecido en Europa en los dos últimos milenios.
Se dice que de los mohicanos no quedó ni uno. Se estima en un millón los armenios exterminados a manos de los turcos. Así podríamos seguir enumerando casos de pueblos que han sufrido a lo largo de la historia y existe plena libertad para pronunciarse acerca de esos acontecimientos. Ni en tiempos del llamado nacional-catolicismo se modificó el Código Penal para castigar a quien multiplicase por cien las cifras de muertos por la Inquisición.
Cada pueblo tiene su versión de la historia acerca de los acontecimientos que le han marcado, pero incluso dentro de cada nación es posible escuchar versiones distintas sobre el sentido que se le debe dar a sus acontecimientos fundamentales. Es lógico que así ocurra y esto, en vez de debilitar, fortalece la verdad histórica porque obliga a la investigación para argumentar las respectivas posturas.
Pero cuando el Código Penal pasa a definir como dogma un determinado relato, ¿para qué investigar?, ¿para qué hacerse preguntas acerca de cómo fue? En vez de acudir a los investigadores, a los arqueólogos, acudamos a los legisladores, a los jueces y hagámosles las preguntas.
A ver, señores jueces, ¿cuántos judíos murieron asesinados en los campos de concentración nacional-socialistas? ¿Seis millones? ¿Y si un investigador concluye que fueron doce? ¿Incurre en delito? ¿Y si concluye que fueron trescientos cincuenta y uno mil cuatrocientos diecisiete? ¿Es sancionable el segundo caso pero no el primero? ¿A partir de qué cantidad se incurre en delito?
Es decir, si alguien afirma que los judíos muertos fueron cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve, ¿se hace acreedor de persecución por el brazo de la justicia? ¿Hasta donde puede un investigador modificar la cifra? ¿A partir de qué cantidad entra en funcionamiento el Código Penal? Porque puede haber estudios que concluyan que los muertos fueron no seis, sino uno y medio, dos y medio o cualquier otra cifra.
Las investigaciones acerca de lo acontecido dentro de los campos de concentración nacional-socialistas han sido convertidas en estatuas de sal y los legisladores, es decir: los políticos, han colocado a los jueces en el jardín del absurdo.
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