Los rumanos de etnia gitana que dejaron ayer la capital llegaron a Córdoba hace un año CÓRDOBA. No hubo que emplear la fuerza. Miembros de la Policía Nacional, Local y Autonómica presenciaron ayer la salida pacífica de la última familia que aún quedaba en el asentamiento rumano de la avenida del Aeropuerto (próximo a Urende). El plazo dado a los inmigrantes para el abandono del solar -y que expiraba en la mañana de ayer- fue suficiente para que el poblado quedara desierto y listo para su desescombro.
Las máquinas fueron las que más trabajaron en el día de ayer. Justo a mediodía -y con el solar desocupado- comenzaron a demoler lo que hasta entonces había sido el hogar de medio centenar de inmigrantes. Un tarea difícil y costosa, según aclararon ayer a ABC fuentes de Grupo Aguilar -empresa propietaria del terreno-, «por la diversidad de los residuos encontrados».
Antes, a primera hora, agentes de la Policía Local y Nacional se personaron para hacer efectiva la orden judicial que obligaba al desalojo de los rumanos, tras la denuncia puesta el pasado 26 de abril. Antonio Aguilar, uno de los socios propietarios del terreno, se mostraba feliz «porque hemos esperado mucho tiempo para que se marcharan del solar, a pesar de las condiciones de insalubridad en las que vivían».
Hasta un centenar
Los rumanos de etnia gitana que dejaron ayer la capital llegaron a Córdoba hace un año. Su población -que se ha cifrado en las 70 personas- habría alcanzado el centenar en las épocas de campaña agrícola, según datos ofrecidos por las ONG. Las mismas fuentes comentaron que seguramente el poblado haya partido rumbo a Albacete, «en busca de trabajo en las campañas de la uva, con lo que es probable que dentro de un mes vuelvan».
El día además ha sido «movido» para los agentes policiales. Según denunció la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC), otro asentamiento rumano, con dos familias, fue desmantelado ayer en las inmediaciones del Reina Sofía.
Y no será el último. Una veintena de rumanos de etnia gitana acampan desde hace meses en un caserón antiguo en San Rafael de la Albaida, detrás del Parque Figueroa. A pesar de que las condiciones de salubridad no son tan alarmantes como en el solar junto al Urende, el Ayuntamiento reconoció ayer que existe una denuncia sobre ellos y que así se lo han hecho saber a los inmigrantes, «para que sepan que cometen una ilegalidad».
Por ese motivo, no es de extrañar que en los próximos días tenga lugar un nueva orden judicial y el desmantelamiento del poblado. Un hecho que pondría en entredicho lo afirmado el pasado viernes por el subdelegado de Gobierno, Jesús María Ruiz, cuando negó la existencia de más asentamientos.
Puesto en contacto este periódico con la Subdelegación, ésta desconoce que exista denuncia alguna sobre esta nueva ocupación ilegal y reitera que se volverá a actuar si así lo dictamina un juez.
De momento, los inmigrantes malviven allí a la espera de que se convierta en centro de atención política tras los episodios vividos en Tejavana o la avenida del Aeropuerto.
